El veredicto de la Corte Constitucional alemana sobre el Tratado de Lisboa clarifica el debate político. Los magistrados no sólo señalaron que el nuevo texto implica numerosas renuncias en términos de soberanía –lo cual constituye un pleonasmo– sino que concluyen además que su filosofía es incompatible con los principios democráticos. Por consiguiente, la Corte Constitucional alemana ordenó que la ratificación del Tratado de Lisboa se enmarque dentro de la reafirmación, por parte del Parlamento alemán, de una serie de principios superiores. Pero otros Estados no han dado muestras de la misma sabiduría.
El tratado de Lisboa va a profundizar las condiciones antidemocráticas y asociales en la UE. En ese tratado los estados nacionales transfieren casi todos sus derechos a la UE. Aproximadamente 500 millones de ciudadanos pierden su posibilidad de práctica democrática. La UE va a intervenir en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. La brecha entre ricos y pobres se va a abrir todavía más. Ese proceso es contrario al Artículo 1 de la Ley fundamental que declara inviolable la dignidad del ser humano y obliga a Alemania a defender los derechos humanos.
Antidemocracia fundamental
Una constitución puede sólo ser legitimada por el pueblo, como está fijado en la Ley fundamental alemana: «El poder estatal emana del pueblo» (artículo 20 párrafo 2 frase 1 GG) y: «Esta Ley fundamental que rige para todo el pueblo alemán hasta la reunificación y libertad de Alemania, perderá su vigencia en el momento en que el pueblo alemán, por libre decisión, promulgue una constitución.» (art. 146 GG)
Según ese artículo, sólo un «pueblo europeo» podría legitimar la constitución – pero de hecho un «pueblo europeo» no existe. Un «estado europeo» supondría el acuerdo de los pueblos de Europa.
Sólo los ciudadanos tienen el derecho de decidir si desean transferir el poder estatal a la UE y de ser así, en qué medida. Contrariamente a la Ley fundamental, se evitó un referéndum sobre Lisboa porque el gobierno sabe muy bien que la mayoría de los ciudadanos habrían votado en contra de ese tratado. Pero no consultar al pueblo es contrario a la cláusula de inmodificación del art. 79 párrafo 3 GG: «No está permitida ninguna modificación de la presente Ley fundamental que afecte la organización de la federación en Länder, o el principio de la participación de los Länder en la legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20.» Las élites políticas ignoran ese principio fundamental conscientemente. Tratan de engañar a los ciudadanos. A través de la manipulación de la opinión pública quieren lograr sus metas de poder político. Una discusión pública o en los parlamentos no deberá tener lugar. Esa persecusión de poder es contraria a la ley fundamental – por ejemplo del artículo 1 GG «La dignidad de los seres humanos es inviolable» y del artículo 20 GG (Principios de la constitución). Esos artículos están por encima de toda política, para velar por la dignidad del ser humano y lograr para todos una existencia digna, en libertad, y sobre las bases de la verdad.
Sin democracia no es posible un estado de derecho
A través de la planeada integración antidemocrática de los estados en la UE, los pueblos retroceden a la época anterior a la revolución francesa. Se destruyen principios fundamentales del estado de derecho. Entre ellos, sobre todo la división de poderes, que protege a los ciudadanos de un abuso de poder. Resulta irresponsable que esa protección del derecho se pierda, en gran parte, por medio del tratado de Lisboa.
Sobre todo en la economía, las consecuencias van a ser más catastróficas de lo que ya lo son ahora. Por ejemplo, el «derecho al trabajo» que es parte de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, así como en la declaración de los derechos humanos de 1948, se anuló en el tratado de Lisboa. También el derecho a una «remuneración adecuada y satisfactoria» del trabajo, que al trabajador le permita «asegurarse una existencia digna». Por el contrario, por primera en la historia de los derechos fundamentales se ha fijado en la Carta de la UE, la «libertad de comercio».
Acumulación de poder de la UE no declarada abiertamente
Inicialmente estaba previsto que la UE sólo podía ser activa, si era convocada explícitamente – el principio de la llamada «limitada autorización individual». Este principio es ignorado en los considerandos de la sentencia del Tribunal federal constitucional, a raíz de las autorizaciones extremadamente amplias atribuídas a la UE. Con el tratado de Lisboa, la UE puede actuar para lograr sus cometidos sin consultar a los parlamentos nacionales. Está incluso autorizada a subir los impuestos de la UE como le plazca. Además, por una resolución del Consejo europeo, con «procedimientos facilitados para cambios» puede cambiar totalmente, o en parte, el contenido del tratado (salvo lo referente a la política exterior y de seguridad). El tratado de Lisboa es así una ley de autorización; la UE se despide por completo de los principios constitucionales fundamentales, que son la base de la cultura europea. Ese engaño de las personas – con profundas repercusiones en la vida diaria – debe ponerse al descubierto.
Capitalismo desencadenado obtiene rango constitucional
La UE es una región del capitalismo global. Los pilares del capitalismo son las cinco «libertades fundamentales»: la libertad de tránsito de mercaderías, de capital, de asentamiento, de servicios así como de mano de obra, están fijadas en forma extrema en el tratado de Lisboa. Ese sistema del «mercado abierto y libre competencia» en el que el aspecto social es poco considerado, va a ser decisivo en nuestras condiciones de vida. El orden económico en Alemania tiene un fundamento social, en el que no sólo se considera el principio de eficiencia sino también el aspecto social: la economía debe tener también una función de servicio a la comunidad. En cambio, el tratado de Lisboa tiene una clara línea contraria a ese principio. La libre competencia no es más que un liberalismo que crea las condiciones de expoliación en nuestra actualidad, a costa del aspecto social.
Las exigencias para con los casi 8 millones que reciben la ayuda social Hartz IV, son vergonzosas. El sistema neoliberal de mercado y libre competencia no admite una política de trabajo estatal efectiva y lleva a la tiranía del capitalismo desencadenado.
Principio del país de origen arruina la economía nacional
Un ejemplo extremo de la competencia sin piedad es el principio del país de origen, el cual repercute negativamente en las economías internas. Ese principio permite a empresas extranjeras realizar su trabajo en Alemania, bajo las condiciones que rigen en su país de origen. Por ejemplo, una empresa polaca con empleados polacos y ucranianos puede realizar trabajos con salarios muy por debajo de los salarios alemanes. Además de los salarios, rigen también las condiciones del país de origen, entre otros, para el standard de calidad, obligaciones de garantía etc. La competencia sin límites que así resulta, amenaza sobre todo a las empresas medianas y también a la cogestión de las empresas en Alemania. Aún más empresas tendrán que cerrar, pero también las multinacionales resultan afectadas, por ejemplo, las de productos alimentarios; se corre el riesgo de que éstas ofrezcan productos de menor calidad a precios más bajos, para lograr una mayor ganancia.
Se debilita la protección de los derechos fundamentales
El tratado de Lisboa legaliza la Carta de los derechos fundamentales de la UE. En esa Carta, el capital no tiene ninguna obligación social – contrariamente a la Ley fundamental según la cual éste debe servir también al bien común. Además, está ausente el derecho al trabajo – un derecho elemental según el artículo 23 de la Declaración general de los derechos humanos.
La UE se atribuye el derecho a la guerra
Los estados miembros pierden cada vez más la soberanía de la defensa a causa de la integración de las fuerzas armadas en la defensa conjunta. Además el tratado de Lisboa no sólo obliga a los países miembros de la UE al rearme, sino que en el art. 43 párrafo 1 EUV le atribuye el derecho a la guerra, sobre todo dentro de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo y en los propios países. Con ello queda eliminada la prohibición de una guerra ofensiva, contenida en el art. 26 párrafo 1 de la Ley fundamental alemana.
Apoyarse en la democracia
Las estructuras democráticas vigentes son la única protección contra la deslealtad de los que toman las decisiones, quienes obedecen al capital y a las constelaciones del poder. Lamentablemente, vivimos en una época en la que el derecho es violado constantemente. Eufemismos o simplemente mentiras están a la orden del día. La misión de los soldados alemanes en Afganistán, por ejemplo, según el gobierno no es una misión de guerra, aún cuando obviamente lo es. Mentiras como esas deben ponerse al descubierto. También los procedimientos de una política de poder para establecer el tratado de Lisboa, a través del cual se anularía la democracia. Los pueblos de Europa tienen el derecho de vivir en paz y libertad como ciudadanos soberanos en una auténtica democracia.
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